El caso Cabezas

En la madrugada del 25 de enero de 1997, efectivos policiales descubren el cadáver esposado y calcinado de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, abandonado en una cava cercana a Pinamar. Su cuerpo quemado llega como un mensaje de sangre dirigido al gobernador Eduardo Duhalde y a los personajes del poder que veranean en la costa bonaerense.

La muerte de Cabezas no es un acto aislado sino la manifestación visible de una organización criminal que operaba desde años en la provincia de Buenos Aires. Bajo el mando del comisario Alberto Pedro Gómez, alias «La Liebre», la «Banda de la Costa» tejía una red de corrupción que se extendía a lo largo de más de 250 kilómetros, desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú. Durante siete años, este aparato controló asaltos, robos residenciales, tráfico de drogas, prostitución y mercado negro de vehículos, operando con total impunidad.

La investigación que sigue al asesinato devela las conexiones profundas entre criminales uniformados, funcionarios políticos y empresarios influyentes. El comisario mayor Víctor Fogelman conduce una pesquisa que se abre en múltiples direcciones. Primero, todo apunta a una madama de Mar del Plata y sus ejecutores. Luego, la investigación gira hacia una banda de ladrones de Los Hornos. Finalmente, todo converge en un oficial de policía como autor material del crimen. Cada giro trae nuevos nombres y nuevas complicidades.

El análisis de llamadas telefónicas de Gustavo Prellezo, oficial sospechado como autor directo del asesinato, abre una nueva línea de investigación que alcanza a Alfredo Yabrán, magnate de las telecomunicaciones. Gregorio Ríos, jefe de custodia de Yabrán, es encarcelado como presunto instigador. La agenda de un policía corrupto termina llegando a los más altos niveles del poder, causando heridas en el Gabinete Nacional y provocando la caída del ministro de Justicia Elías Jassán.

Los antecedentes del crimen se encuentran en el caso Cóppola, un escándalo judicial donde policías de la costa fueron sospechosos de fabricar pruebas. Varios de esos mismos uniformados ahora están procesados por la muerte de Cabezas. Esta continuidad revela una estructura sistemática de corrupción que atraviesa instituciones y niveles jerárquicos.

A medida que la investigación avanza, emerge la verdadera geografía del crimen: la «Monarquía del Comisario Alberto Pedro Gómez», quien administró Pinamar como feudo personal durante siete años. En este territorio, ningún delito era registrado, ninguna denuncia prosperaba. Los residentes y turistas enfrentaban robos y extorsión sin poder recurrir a la protección de una policía que les estaba negada. La muerte de Cabezas se revela como la grieta por la cual toda una arquitectura de impunidad comienza a derrumbarse.