La Desamortización

Desde el escritorio de un intendente en 1766, llega una orden del gobierno de Carlos III: describid los problemas del campo español. Las respuestas revelan una crisis silenciosa: millones de fanegas de tierra permanecen infrautilizadas, amortizadas en manos de la Iglesia, los municipios y otras instituciones que las mantienen fuera del comercio y del tributo. Esta inmobilidad de la tierra es síntoma de una enfermedad mayor en la Hacienda pública. Para los ilustrados, la solución pasa por liberar esos bienes inmóviles. Los reformistas diagnostican el mal con claridad. Campomanes escribe que las tierras en manos muertas producen «el aniquilamiento de los vecinos»: los labradores sin acceso a la propiedad se convierten en jornaleros, y la riqueza nacional se estanca. Para Olavide, la solución pasa por repartir los baldíos, creando una clase de pequeños propietarios capaces de cultivar. Pero es Jovellanos quien lleva la lógica reformista a su conclusión más radical: solo la propiedad privada puede generar riqueza, porque el interés individual es el verdadero motor de la productividad. La privatización llevaría al cultivo y la inversión en la tierra. Este estudio histórico traza el camino desde esas primeras reformas agrarias hasta la necesidad cada vez más urgente de desamortización general. Cuando las guerras de Carlos IV agotan la Hacienda pública y obligan a emitir vales reales, la solución se clarifica: la corona debe vender los bienes de manos muertas para obtener ingresos. La tierra bloqueada debe circular, transformarse en propiedad privada, generar riqueza individual y tributación. Lo que comenzó como reforma agraria de intención social deviene una operación fiscal de consecuencias profundas en la estructura de la propiedad española, asentando las bases del capitalismo agrario.