La revolución de Octubre

En el otoño de 1933, con los resultados de las elecciones españolas ya conocidos, Manuel Azaña toma una decisión extraordinaria. Convoca a Diego Martínez Barrio con una petición sin precedentes: que disuelva el Congreso recién elegido antes de que sesione por primera vez y convoque nuevas votaciones. Lo que podría parecer un acto desesperado revela la grieta fundamental en la trayectoria política de quien fuera presentado como abanderado de los ideales republicanos y democráticos.

Azaña había llegado al poder en 1931 con la proclamación de la República, ganando para sí la imagen de liberal ilustrado comprometido con la modernidad política. Durante los dos años siguientes de su gobierno, impulsó reformas que sistemáticamente limitaron libertades básicas: la de asociación, la religiosa y la de enseñanza. Aunque estas medidas se aprobaban en un Parlamento elegido democráticamente, el análisis que presenta el texto argumenta que constituían una fractura esencial en el contrato democrático.

Las elecciones de noviembre de 1933 se celebraron bajo supervisión cuidadosa del propio Martínez Barrio, sin irregularidades que permitieran cuestionarlas. Los españoles eligieron una mayoría de centro-derecha: la CEDA de Gil Robles se convirtió en el grupo más numeroso de la Cámara, mientras que la izquierda experimentaba un colapso. Para Azaña, quien había confiado en una continuidad política, el resultado era demoledor.

Lo que ocurre después desafía toda lógica democrática. En lugar de aceptar el veredicto de unas votaciones limpias, Azaña busca invalidarlas. El historiador Carlos Seco Serrano, citado en este texto, ofrece una interpretación profunda: el resentimiento político se convirtió en el motor de una conducta que negaba los mismos principios que Azaña afirmaba encarnar. Su incapacidad para aceptar una derrota electoral revelaba una verdad incómoda: su democracia era una abstracción mientras le favorecía, pero se evaporaba cuando la realidad le era contraria.