Los ejércitos secretos de la OTAN

Una noche de mayo de 1972, en un bosque cercano a Peteano, Italia, un carabinero levanta el capó de un Fiat 500 abandonado. La explosión mata al policía e hiere gravemente a su compañero. Dos días después, una voz anónima reclama el atentado en nombre de las Brigadas Rojas. La investigación es superficial, el caso se cierra rápidamente: casi doscientos comunistas serán encarcelados en una operación de represión masiva que durará años.

Durante más de una década, los italianos vivirán convencidos de que el atentado fue obra de la izquierda radical. Pero en 1984, el juez Felice Casson decidió reexaminar el caso. Las irregularidades en la investigación lo intrigaban: falsificaciones en los informes periciales, análisis incompletos, negligencia sospechosa en la recolección de pruebas. Su investigación reveló que el explosivo utilizado no era el que tradicionalmente empleaban las Brigadas Rojas, sino C4, parte del arsenal de la OTAN.

La pesquisa del juez Casson desveló una red de corrupción que se extendía desde los servicios secretos militares italianos hasta organizaciones fascistas de extrema derecha. El atentado de Peteano no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada: sembrar pánico entre la población civil, atribuir la responsabilidad a los comunistas y justificar medidas represivas que favorecieran posiciones políticas conservadoras.

Otros atentados anteriores y posteriores seguían el mismo patrón. En 1969, bombas en Roma y Milán mataron a dieciséis personas. En 1974, una explosión en Brescia causó ocho muertas. En 1980, una bomba en la estación de Bolonia mató a ochentacinco personas. Cada crimen alimentaba el miedo y la demanda de orden autoritario.

La investigación de Casson expuso cómo funcionaba esta máquina de terror. La OTAN había creado Gladio, una red clandestina supuestamente destinada a resistir una invasión soviética. Pero sin invasión que justifique su existencia, la red fue reorientada para luchar contra el avance de los comunistas italianos en la política. Terroristas de extrema derecha perpetraban los atentados bajo la protección de servicios secretos que destruían pruebas, falsificaban informes y silenciaban testigos.