Los intocables

El 20 de diciembre de 1973, un atentado de ETA Político-Militar destruyó el coche del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español. Franco sobrevivió apenas dos años a ese evento que trastocó sus planes de sucesión. Ya había designado a Juan Carlos de Borbón como su heredero en 1969, garantizando la continuidad institucional del régimen más allá de su muerte. Cuando Franco falleció en 1975, comenzó lo que se conocería como la Transición: un proceso de transformación del régimen totalitario en una democracia parlamentaria. Pero este cambio de formas se construyó sobre un pacto silencioso entre franquistas reformistas y la oposición democrática. El precio de ese acuerdo fue la impunidad absoluta para los responsables de los crímenes del franquismo. La Ley de Amnistía de 1977 selló ese pacto de olvido. Ningún juez español perseguiría los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura: torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de Estado, robo sistemático de recién nacidos. Una juez argentina, María Romilda Servini, abrió investigaciones por estos delitos, pero el gobierno español se negó a colaborar. Los responsables permanecerían a salvo mientras no salieran de las fronteras españolas. Las élites franquistas no desaparecieron con la democracia: se transformaron. Los mismos apellidos que ostentaron el poder durante la dictadura —como los Botín en el sector financiero— continuaron mandando. Jueces, fiscales y altos funcionarios del régimen permanecieron en sus puestos o fueron reemplazados por sus descendientes directos. Los magnates que prosperaron bajo la dictadura se reconvirtieron en empresarios modelo de la nueva era. Los «siete grandes» bancos que controlaban la economía franquista se consolidaron mediante fusiones durante la democracia, concentrando aún más la riqueza en las mismas familias. Mientras el PSOE gobernaba durante veintiuno de esos años, el poder real permanecía intacto en las sombras. La ciudadanía, que representaba dos tercios de la población en 1978, no había participado en el referéndum constitucional. Esos mismos ciudadanos comenzaron a percibir el olor a podredumbre del sistema. Este análisis expone cómo la Transición fue la prolongación del régimen anterior, y cómo un sistema que debería garantizar igualdad y justicia fue diseñado para proteger a quienes nunca debieron escapar a la rendición de cuentas.