Se busca rey consorte

Bajo el sol abrasador del Palacio Real madrileño en junio de 1832, un guardia de corps escolta a la familia real hacia La Granja de San Ildefonso. En los carruajes viajan el rey Fernando VII, gravemente enfermo, su joven esposa María Cristina, y sus dos pequeñas hijas: Isabel e Luisa Fernanda. Esta escena de la vida cotidiana de palacio oculta una complejidad política de magnitudes sin precedentes que marcará la historia de España durante décadas.

La muerte próxima del monarca pone en movimiento una cuestión que ha inquietado profundamente a la corona española: ¿quién heredará el trono? La ley Sálica prohibía que las mujeres reinaran, pero Fernando VII había promulgado la Pragmática Sanción anulando esta restricción, permitiendo que su hija Isabel pudiera reinar. Sin embargo, su hermano Carlos María Isidro también reclamaba derechos al trono, y sus partidarios carlistas no reconocían los derechos de la pequeña princesa. Este conflicto dinástico genera una situación histórica inédita: la pregunta que obsesiona a gobiernos españoles y cortes europeas no es simplemente quién reinará, sino con quién se casará la reina para asegurar la estabilidad del reino.

Durante catorce años, de 1832 a 1846, la cuestión del matrimonio de Isabel II se convierte en el centro absoluto de la política española e internacional. Las negociaciones diplomáticas sobre quién será su marido provocan cuatro constituciones distintas, veintitrés cambios de gobierno, una guerra civil, dos regencias y cuatro transformaciones revolucionarias. La reina crece en medio de esta crisis permanente, rodeada de fuerzas políticas dispares que la utilizan como pieza de un tablero internacional.